Los datos de la España actual / Nick Ravangel
«La implantación del Estado del Bienestar ha anestesiado a la sociedad española, al igual que ha ocurrido en otros países desarrollados. Hay un gran descontento social, pero pasar del descontento a la rebelión implica atravesar un trecho largo y complicado. En España, además, el Poder está en manos de una estructura partitocrática dominada por cuadros políticos, los cuales dificultan cualquier solución a las reivindicaciones ciudadanas. Esa partitocracia sólo puede superarse fortaleciendo la sociedad civil con ciudadanos bien informados y gran sentido de responsabilidad. Es difícil lograrlo porque la sociedad española está anestesiada por anti-valores que desmovilizan a la gente: la telebasura, los deportes, el hedonismo, el consumismo. Con una ciudadanía absorbida por estas realidades resulta muy complicado que surja una movilización para mejorar las estructuras políticas. El horizonte vital de la mayor parte de la gente consiste en disfrutar de la mejor forma posible. El español medio se ha convertido en un ser anestesiado y con pocas ambiciones trascendentales. Eso sorprende a muchos extranjeros que visitan el país, porque tienen la imagen del español exaltado de hace cien años y de la Guerra Civil. Pero aquello se acabó. La cultura se ha transformado. El español medio actual es un ser sosegado que no pide demasiado: pide algo, pero no mucho. Es modesto en sus apetitos. Acepta lo que tiene y trata de disfrutar lo mejor que pueda. Si acaso, en España se ha impuesto el “buenismo”, lo políticamente correcto. Pero este “buenismo” no busca azuzar grandes revueltas, sino al revés. El buenismo está en contra de las revueltas. Pretende dominar la sociedad, pero promoviendo conformismo
El PP y el PSOE se diferencian por el papel que cada uno atribuye al Estado en la economía. El PP quiere que intervenga poco y el PSOE lo contrario. El problema de estos años de crisis es que ni uno ni otro tienen margen de maniobra para cambiar la política económica. Como el PSOE necesita diferenciarse del PP, y no puede hacerlo por la parte económica, se ha volcado de lleno sobre la revolución cultural. Llamo revolución cultural a la ideología de género, el ecologismo, el lobby gay, la hostilidad contra la Iglesia, es decir, todo lo que sea incidir en un estilo de vida alternativo al tradicional y cosas así. España se ha convertido en un país de clase postmodernista. Los radicalismos políticos casi se han extinguido totalmente. Han sido sustituidos por expresiones de la revolución cultural, pero sin capacidad de movilizar a las masas. La expresión del nuevo radicalismo occidental es de tipo cultural. Al contrario de los antiguos revolucionarios políticos, estos nuevos revolucionarios culturales no pretenden cambiar las estructuras políticas, sino la identidad individual» (1).
Trabajo
Tasas de desempleo oficiales en España 2020: 16,4%. Hombres: 14,6%. Mujeres: 18,3%. Desempleo menores de 25 años: 41%. Hombres 39%. Mujeres 43,1%. Es el segundo más alto de Europa después de Grecia.
Tener un trabajo indefinido o a tiempo completo no es habitual en España, por lo que a la escasez se agrega la baja calidad del empleo. Y esa baja calidad genera trabajadores pobres excluidos de la sociedad.
Al comienzo de la crisis del 2008, España tenía 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. La recesión llevó la cifra a 16 millones. En 2017 la cifra subió hasta 17,7 millones, pero el empleo ya no tenía nada que ver con el anterior a la crisis, era precario, con reducción de sueldos y proliferación de autónomos. El problema para la Seguridad Social es que este empleo precario sólo sirve para engordar las estadísticas y no la caja de las pensiones debido a la baja calidad contributiva de las bases reguladoras. Algo similar pasa con el IRPF, porque las bases imponibles son inferiores y la mayor parte de los contratados cobran menos de 12.000 euros al año y, por lo tanto, no tributan.
A finales de 2016 había actividades que generaban más empleo que antes de la crisis y otras que se habían estancado. El problema surgió a raíz del modelo de crecimiento económico, con preponderancia del sector servicios, lo que convirtió a España en un país de camareros, un sector donde proliferan la temporalidad, la rotación y los sueldos bajos. En él se han refugiado los excedentes laborales del fin del boom de la construcción y los licenciados que esperan una oportunidad mientras dudan si emprenden la huída a otros países.
La hostelería contaba antes de la pandemia con 1.585.850 afiliados, alrededor del 10% de la afiliación total de la Seguridad Social. (1.376.000 en 2008). Esto no quiere decir que cada cotizante tenga un empleo, puede tener varios con el mismo número de afiliación.
Sólo consultoría, programación e informática han acompañado el crecimiento de la hostelería. Los demás sectores están bastante mal. España ha cambiado el ladrillo por la hostelería.
La Sanidad, tanto pública como privada, ha perdido cotizantes, pasando del millón trescientos en 2008 a poco más del millón. En 2017 había 262.932 empleos menos en el sector con un efecto negativo para la salud pública.
En 2009 había 1.400.000 españoles residiendo en el extranjero. La cifra subió a dos millones y medio en 2007 y hoy llega a los tres millones según la ONU. Los destinos favoritos son Francia (21%) y Alemania (10%).
Durante el siglo XX el destino de la emigración española, tanto económica como política, era América Latina. A finales de siglo se produjo un fuerte retorno de españoles al país. En este siglo XXI el grueso de la emigración es de jóvenes universitarios, muchos de los cuales terminan sus estudios en el extranjero y no retornan.
Pobreza
Philip Alston, Relator de la ONU de Pobreza Severa, visitó España a comienzos de 2020. En su informe situó al país en la cola de Europa en redistribución de la riqueza, afirmando que la exclusión había subido 6 puntos en los últimos diez años como consecuencia de haber hecho política olvidando a los pobres para beneficiar a unos ricos que han aumentado un 25% su riqueza pagando menos impuestos. Aseguró haber encontrado en su gira por España barrios pobres en peores condiciones (sin agua corriente, electricidad o saneamiento) que algunos campamentos de refugiados. Se refería a los barrios de Los Pajaritos en Sevilla y de Cañada Real en Madrid.
En cuanto al trabajo en general, destacó la baja calidad del empleo (sin casi empleo indefinido o a tiempo completo y bajos sueldos) como causa de la alta tasa de trabajadores que son pobres. Alston describió las políticas sociales como «quebradas», porque las prestaciones de renta mínima son desiguales y con distintos criterios. La solución, a su criterio, sería una renta mínima única, a la que pudieran acceder las personas más vulnerables de forma unitaria.
El colectivo de las personas inmigrantes es uno de los que más han sorprendido al relator. Ha cargado contra las «injustas» pruebas de edad a las que se somete a los menores extranjeros no acompañados y contra las condiciones de «explotación laboral» en las que viven las mujeres migrantes que se dedican al trabajo doméstico. Sumó a esos problemas el negocio de la recogida de fruta (600 millones de ganancias al año) que contrata trabajadores inmigrantes a los que «trata como basura».
Por su parte, el Informe sobre el Estado Social de la Nación de 2017, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, advertía de una extensión y persistencia de la pobreza, precariedad, exclusión e incremento de las desigualdades en la sociedad española. La solución propuesta era derogar la Reforma Laboral para acabar con la precariedad, establecer una renta mínima, atender a las 340 mil personas dependientes que no recibían atención y rescatar a los parados de más de dos años. En lo relativo a la pobreza, aseguraban que se había instalado en la sociedad y alertaban de la dificultad que tendrían, a lo largo de su vida las nuevas generaciones nacidas en un ámbito empobrecido para salir del mismo: 700 mil hogares (1,3 millones de personas) no tenían ningún ingreso. Por ello los autores del informe consideraban imprescindible una renta básica no vinculada a los procesos de inclusión. Proponían, además, diseñar un plan para ofrecer a los desempleados de larga duración (2 millones) consistente en un empleo de al menos dos meses de duración.
En cuanto a la exclusión social, los autores del estudio precisaban la necesidad de distinguirla de la pobreza, pues hay más de 8 millones de trabajadores que no están excluidos pero viven bajo el umbral de la pobreza. Además, han alertado de la soledad, la nueva forma de exclusión social, que lleva a muchas personas mayores a vivir en «situaciones dramáticas». Según el redactor del capítulo Pobreza y Exclusión Social, Luis Barriga, existe el riesgo de caer en un proceso de «espiral acelerada» hacia la exclusión en los próximos años si no se toman medidas para evitarlo, y uno mayor, una verdadera «bomba de relojería»: la situación de los jóvenes sin futuro.
Sobre las desigualdades, el informe precisa que estas no sólo se están manteniendo tras la crisis sino que se están incrementando. El 1% de la población española con mayor patrimonio acaparaba en 2016 más de una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre se quedaba con un 0,1%.
Educación
Es un proceso, obligatorio en España, para facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, así como de valores y hábitos.
La Comisión Europea, en su informe de 2019, sitúa a España como el sexto país con menor gasto en el sector de toda la UE, tras Rumanía, Bulgaria, Italia, Eslovaquia y Grecia. Durante 2018-2021 se invirtió en la financiación de la educación pública un 3,7% del PIB (en 2017 era 3,89%), casi un punto menos que el promedio de la UE, el 4,6% (los países escandinavos rondan el 6%).
Ese gasto limitado genera problemas como la escasez de profesores para trabajar con grupos de un tamaño que permita desarrollar la educación personalizada, que ahora sabemos es básica para obtener buenos resultados. Con 25 niños por docente es complicado, por no decir imposible. Genera, también, un deficit de infraestructuras. Hay miles de alumnos recibiendo clase en barracones en todas las comunidades autónomas: 12000 en Cataluña, según el Govern, la misma cantidad en Valencia y 11000 en Andalucía, asegura la Junta.
La falta de inversión en educación en España tiene múltiples consecuencias: la deficiente formación y reciclaje del profesorado, la brecha entre comunidades, el deterioro del sistema de becas o la falta de plazas en la Formación Profesional. También una tasa de abandono escolar del 17,9%, que sitúa a España a la cabeza de este fenómeno en la Unión Europea, seguida de Malta (17,5%) y Rumanía (16,4%), y los inexistentes derechos sociales de los universitarios que hacen prácticas, esto último por la falta de acuerdo entre gobierno y universidades sobre quién ha de sufragar los costes. Tampoco destaca España en el Informe Pisa. Los últimos datos sitúa al país dentro de la media europea por los pelos y gracias a que el nivel general ha bajado mucho.
La Comisión Europea opina que la educación debería estar apartada de los avatares políticos. Afirma en el citado informe que en España las reformas fundamentales en el sector educativo se paralizan a causa de »la inestabilidad política». La solución pasaría, según los expertos, por blindar a través de la Constitución la financiación de la educación pública, para que se invierta como mínimo el 6% del Producto Interior Bruto y que, venga el gobierno que venga, no pueda recortar el gasto.
Desde los años 70 han entrado en vigor en España un total de siete leyes educativas que obligan a los gobiernos a ser cada vez más creativos con las siglas: la LGE (Ley General de Educación de 1970), la LOECE (Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares de 1980), la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación de 1985), la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990), la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002), la LOE (Ley Orgánica de Educación de 2006) y la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de 2013). En estos momentos está pendiente la aprobación de la octava, la LOMLOE (Ley Orgánica de la Educación para la reforma de la Ley Orgánica de la Educación) -y no es una broma de Groucho Marx-, a la que se conoce también como Ley Celaá. De entrar en vigor, esta tumbaría la LOMCE del ministro del Gobierno de Mariano Rajoy José Ignacio Wert, que tanto revuelo generó al aprobarse en 2013, y aportaría, quizá, cierta estabilidad a la inversión en educación en España frente a los recortes -aplicados por ejecutivos de todos los colores- y los vaivenes políticos.
Otro problema es la educación concertada, a la que se destina mucho dinero. Este tipo de educación no existe en los países nórdicos (usados siempre como ejemplo), apenas existe en Europa (Bélgica es la excepción) y ha sido suprimida en Portugal, donde ha habido un claro repunte de la educación pública a raíz de tal medida.
Alston encontró «inasumible» que uno de cada tres niños españoles viva en riesgo de pobreza y encima sufra segregación escolar, porque hay escuelas para niños ricos y escuelas para niños pobres, lo que genera oportunidades de futuro diferentes, porque ese niño pobre será un adulto pobre cuando crezca si no se cambia la situación.
Vivienda
Alston puso el acento en su informe en la dificultad que tienen los ciudadanos españoles con el acceso y el mantenimiento de la vivienda, poniendo el énfasis en los «exponenciales» aumentos del precio del alquiler, en especial en las grandes ciudades, y en el drama de los desahucios. «La Constitución reconoce el derecho a la vivienda, el gobierno debe tomárselo seriamente», expuso.
Como soluciones propuso invertir en un parque de vivienda pública, sector en el que, mientras la media europea está en el 25%, España no llega al 3%. Pero como solución inmediata propuso regular el precio del alquiler: «No se puede dejar en manos del mercado en exclusiva el tema de garantizar una vivienda digna. Hay que abandonar la lógica empresarial y pensar en el derecho de las personas.
Consumo (Consumismo)
En la Unión Europea, según Greenpeace, casi el 40% de los plásticos son envases de un solo uso: bolsas, botellas, envoltorios, de los que se recicla un 30% siendo optimistas. ¿El resultado? 12 millones de toneladas llegan a los océanos afectando las especies marinas. La ganadería es responsable del 14% de los gases de efecto invernadero y la ganadería industrial agrava el problema con su objetivo de beneficios rápidos, que significa talar bosques para producir piensos y pastos para el engorde. El consumo de pescado crece a un ritmo incontrolado. la industria tecnológica, con su obsolescencia programada, que promueve la sustitución sobre la reparación, genera enormes cantidades de residuos peligrosos. El impacto negativo de la producción de vestimenta es cada vez mayor. Cada año se fabrican 100 mil millones de prendas y la gente compra un 60% más que hace 15 años y la conserva la mitad de tiempo. La moda «fast fashion» ha convertido la ropa en objetos de usar y tirar, generando un grave problema de uso de materias primas y de generación de residuos.
Cultura
El Ranking Mundial de Universidades (Shangai 2019), centrado en la excelencia investigadora, tiene una influencia indudable porque condiciona la política de los gobiernos y determina la concesión de muchas becas. En esta ocasión se determinó que las veinte mejores universidades del mundo son estadounidenses (17) y británicas (3). Todas son instituciones sólidas, reconocidas, de gran prestigio y con una enorme financiación pública y privada. La Universidad de Barcelona es la primera española que aparece y está situada en el puesto 170. Pero más allá de la calidad, hace tiempo que se viene denunciando que las universidades españolas generan técnicos en lugar de personas con profundo conocimiento cultural. Basta escuchar a sesudos profesores en las tertulias en radio y televisión sobre política, economía o sociedad, para comprender que algo no funciona bien.
Desde hace mucho tiempo, los voceros de los ministerios occidentales de cultura se refieren al fenómeno cultural como industria. No es necesario hilar muy fino para concluir que las producciones de cualquier industria son mercancías y su valor está directamente ligado a la venta y al consumo. Esta industria cultural se difunde a través de los medios masivos de comunicación, corporaciones gigantes que reúnen canales de televisión, productoras cinematográficas, radios, periódicos de gran tirada, revistas, editoriales y actualmente internet. Pongamos un ejemplo de los muchos que existen en España: Grupo Prisa (Promotora de Informaciones S.A.). Es el principal grupo multimedia Posee el periódico El País (el diario generalista líder de ventas en España), además de revistas y editoras de libros, plataforma de televisión de pago y más de 400 emisoras de radio en España y América Latina. Desde finales de 2010 el fondo especulativo de inversiones «Liberty Acquisition Holdings» posee, al menos, el 51% de la empresa.
Periódicos: As, Cinco Días, El País. Revistas: Gentleman, Rolling Stone, Cinemanía. Editoriales: Santillana, que agrupa varias editoriales punteras: Aguilar, El País Aguilar, Alfaguara, Suma y Taurus. Radio: Posee 434 emisoras bajo diferentes marcas: Cadena Ser, Los 40, Cadena Dial, Los 40 Classic, Los 40 Dance y Radiolé. Posee el 49,5 % de Sistema Radiópolis (México) y un 19,5 % de Caracol Radio (Colombia). Televisión: Prisa TV fue propietaria de Canal+ hasta 2016, cuando pasó a manos de Telefónica. Posee un 18 % del grupo Mediaset España. Cine: Sogecine, Sogepag.
Estos enormes grupos generan la Cultura de masas, cuyo objetivo es entretener al público y ganar con ello la mayor cantidad de dinero posible.
El entretenimiento, aunque pueda pensarse lo contrario de acuerdo a un criterio «moderno», pasa en primer lugar por la televisión. El 97% de los hogares españoles cuentan con un televisor como mínimo. El canal más visto es Telecinco (entre un 15 y un 20% de share). Para tener una idea concreta de audiencia podríamos compararlo con el canal 2, la televisión pública con más contenido «cultural»: un 3% de share. El programa más visto de telecinco en la actualidad es Supervivientes, al que siguen unos 5 millones de espectadores.
Un entretenimiento fundamental en la actual «cultura» española es el fútbol. Este inofensivo juego ha sido elevado a la pasión de masas por publicistas, inversionistas y especuladores. Los políticos también se aprovechan de la capacidad de este deporte para fundirse con cualquier identidad nacional. Así los títulos, que antes se festejaban en la calle, son ahora objeto de orgullo popular en dependencias públicas. Dada la situación, es lógico que en un país que no ha podido superar el enfrentamiento entre sus regiones durante siglos, la victoria de lo propio adquiera características de hazaña bíblica.
Por encima de todo, el fútbol es un negocio de enormes dimensiones. Como fenómeno de masas mueve unos 500 mil millones de dólares anuales, una cifra similar a la alcanzada por la rentable industria farmacéutica, las armas, las drogas y el sexo. España no es un país ajeno a esos negocios. Es el séptimo vendedor de armas del mundo con el 3,1% de las ventas globales. El gasto medio de los españoles en drogas, según el Instituto Nacional de Estadística en su informe de 2018, ronda los 7400 millones de euros al año. En lo referente a bebidas alcohólicas (otras drogas), el gasto alcanza los 8000 millones.
Violencia contra las mujeres
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de género en España ha contabilizado 1000 mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas entre 2003 y abril de 2019, un asesinato por semana. Las características comunes entre los agresores, según los expedientes judiciales, nos señalan a un varón con una edad promedio de 46 años y de nacionalidad española en el 66.4 % de los casos.
Prostitución
España era el primer país de Europa en demanda de sexo de pago y el tercero del mundo según un informe de la ONU de 2008. La situación no ha cambiado, al contrario, ha empeorado. Los representantes policiales hace tiempo que vienen alertando de la «bajada escandalosa» de la edad media de quienes pagan a mujeres a cambio de sexo. «Nos imaginamos a un señor de corbata de 50 o 60 años, pero la realidad es que el cliente medio no pasa de 19 o 20«, señalaba en 2015 el inspector al frente del Centro de Inteligencia de Análisis de riesgo de la Policía Nacional.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado en total tres encuestas en las que ha abordado el tema de la prostitución (1986, 1994, 2008) revelando en ellas cómo la actitud de los españoles respecto al sexo de pago se ha ido suavizando con los años, hasta el punto de que en la última, cerca del 80% se mostraba «bastante o muy de acuerdo» con esta práctica porque es inevitable y, por lo tanto, debe legalizarse. Un sondeo de la Fundación Atenea de 2013 mostraba la visión particular de los jóvenes madrileños entre 16 y 23 años sobre la prostitución: una profunda indiferencia hacia las mujeres en esa situación y una opinión proclive a la legalización por el respeto a la libertad individual. La Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, ha recordado, durante una conferencia sobre la prostitución en Madrid, que existe una clara relación entre prostitución, explotación sexual y trata de personas. De acuerdo a cifras oficiales la trata mundial se realiza con fines de explotación sexual y de ese porcentaje más del 90% de las víctimas son mujeres y niñas.
(*) Stanley Payne (1934) Historiador hispanista estadounidense.